Las objeciones se habían convertido en un pulso entre los que habían votado por el Sí y por el No en el plebiscito. Los del Sí tenían la razón jurídica y los del No, la política. Estos últimos sentían que les habían puesto conejo en el plebiscito y que, además, habían ganado las elecciones con un candidato que prometía modificar los acuerdos. Los del Sí, por su parte, consideraban que había que respetar los acuerdos, por imperfectos que fueran, como un compromiso de Estado.
El presidente justificó las objeciones por inconveniencia, pero en el fondo se trataba de temas constitucionales sobre los cuales la corte ya se había pronunciado y consideraba cosa juzgada. Pero como lo jurídico prima sobre lo político, los defensores del acuerdo ganaron el pulso.
Esas objeciones tenían la particularidad de que la mayoría de la gente que marchaba en favor o en contra no las entendía. Eran puntos complicados de mecánica jurídica, difíciles de entender incluso para los congresistas que las iban a votar. Temas como el delito continuado, la definición del concepto de máximos responsables, la cesación de la acción penal o los conflictos de competencias entre la JEP y la Fiscalía resultaban difíciles de digerir para el colombiano de a pie.
Quienes apoyaron al presidente creían, entre otras cosas, que las objeciones iban a producir un tratamiento penal severo para los exguerrilleros condenados. La contraparte pensaba que las objeciones acabarían con el proceso de paz. Ninguno tenía razón. Los seis puntos propuestos por el presidente seguramente habrían dejado un acuerdo más cercano al concepto tradicional de justicia ordinaria. Sin embargo, la JEP nació precisamente para sacrificar justicia a cambio de verdad, reparación y silencio de los fusiles. Lo que ahora proponía agregar Duque lo había planteado, en su momento, el Gobierno de Juan Manuel Santos, pero quedó incluido precisamente porque, de lo contrario, no hubieran podido firmar.
¿Qué implicaciones tiene todo esto para el presidente? En términos políticos definitivamente es una derrota. No solo porque tambalean sus objeciones, sino porque por cuenta de estas nació una coalición que estará en capacidad de trancar cualquier iniciativa del Gobierno.
En el nuevo ajedrez político, el presidente solo cuenta con el apoyo del Centro Democrático y de un sector del Partido Conservador. El tema también tuvo implicaciones en la relación entre el Ejecutivo y la rama judicial, pues las propuestas presidenciales desautorizaban decisiones tomadas por la Corte Constitucional.
